La ITV obligatoria para motos vuelve a colarse en la agenda europea, pero esta vez no lo hace con un consenso claro. De hecho, la novedad es que cada vez hay más voces discordantes. Ahora diecinueve eurodiputados de diez países distintos han presentado enmiendas para frenar la propuesta de la Comisión Europea que busca imponer inspecciones técnicas periódicas a todas las motos a partir de 50 cc en el conjunto de la Unión. Y lo han hecho alineándose con la posición que desde hace años mantiene la Federación de Asociaciones Europeas de Motociclistas, FEMA.
El planteamiento de fondo es conocido desde hace tiempo. Bruselas quiere revisar el llamado Paquete de Inspección Técnica de Vehículos y, dentro de ese marco, ampliar la obligatoriedad de la ITV a las motos. El informe que ha presentado el eurodiputado alemán Jens Gieseke va incluso más allá de la propuesta inicial de la Comisión, eliminando cualquier margen de decisión nacional y bajando el umbral hasta los 50 cc, sin excepciones por tipo de uso, antigüedad o medidas alternativas de seguridad vial.
Ahí es donde se produce el choque. FEMA lleva tiempo defendiendo que la inspección técnica obligatoria no es una herramienta eficaz para reducir la siniestralidad en moto, y respalda esa posición con datos que la propia Comisión conoce bien: los accidentes provocados por fallos mecánicos representan solo entre el 1 % y el 3 % del total. Un porcentaje residual que, según la federación, no justifica una medida homogénea para todos los Estados miembros.
Los 19 eurodiputados que han firmado las enmiendas comparten ese enfoque. Su propuesta no es prohibir la ITV de motos en Europa, sino mantener el derecho de cada país a decidir si la implanta o no, especialmente en aquellos Estados que ya aplican medidas alternativas consideradas más eficaces: mejor formación de los conductores, infraestructuras adaptadas a la moto o políticas específicas de prevención de accidentes.
En el borrador de Gieseke, ese margen desaparece. La idea es imponer un sistema común, obligatorio y sin excepciones, tanto para motos de combustión como para vehículos eléctricos de dos ruedas por encima de la cilindrada fijada. Una solución simple sobre el papel, pero que ignora las enormes diferencias entre países en cuanto a parque móvil, climatología, uso de la moto y estructura de la red viaria.
FEMA y la Federación Internacional de Motociclismo, la FIM, coinciden en el diagnóstico: la seguridad de los motoristas no mejora pasando la moto por una línea de inspección cada cierto tiempo, sino actuando sobre los factores que realmente causan los accidentes. Y esa postura no llega ahora al Parlamento Europeo con las manos vacías. Los eurodiputados que se oponen a la obligatoriedad se apoyan en estudios técnicos, informes y documentación presentada oficialmente ante el Parlamento, el Consejo y la Comisión, todos ellos apuntando en la misma dirección.
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El debate, que lleva años instaurado, está abierto (otra vez, para sorpresa de nadie) y todavía queda recorrido legislativo en Europa. Los eurodiputados pueden seguir presentando enmiendas y el texto final puede cambiar. Pero el mensaje es claro: no hay unanimidad política para imponer la ITV a las motos en toda Europa. Y si prospera la idea de mantener la capacidad de decisión nacional, la inspección obligatoria podría seguir siendo una cuestión de país a país, no una imposición común desde Bruselas. En algunos sitios, al menos, seguirá sin pasar de ahí.
