La decisión de los ministros de Transporte de la Unión Europea de excluir de nuevo a las motos de las inspecciones técnicas obligatorias marca un punto relevante en el debate sobre seguridad vial y mantenimiento del parque móvil. El Consejo de la UE fijó esta semana su posición sobre el nuevo 'Roadworthiness Package', el marco comunitario que definirá cómo deben organizarse las inspecciones periódicas, los controles en carretera y la gestión de datos del registro de vehículos en los próximos años.
La principal conclusión para el sector de las dos ruedas es clara: Bruselas sigue sin considerar necesario implantar una ITV obligatoria para las motos a escala europea. Pero España la sigue teniendo.
La propuesta comunitaria sostiene que no existe suficiente evidencia que demuestre que una inspección periódica obligatoria para motos tenga un impacto directo y medible en la reducción de siniestros. Las asociaciones de motoristas europeas, como FEMA, llevan años defendiendo precisamente ese argumento: mejorar el estado de las carreteras, reforzar la formación y trabajar en campañas de concienciación tiene un efecto más inmediato sobre la siniestralidad que obligar a pasar a todos los motoristas por un control mecánico periódico.
En paralelo, varios países europeos han ido adaptando sus normativas internas. En Dinamarca, por ejemplo, se llegó a plantear un calendario de inspecciones, pero acabó descartándose. Otros estados mantienen sistemas parciales o voluntarios. La tendencia mayoritaria en Europa es la de no imponer una ITV obligatoria para motos, al menos mientras los datos no indiquen lo contrario.
Y aquí es donde la posición de España se separa con claridad. Desde la Dirección General de Tráfico se ha mantenido durante años que la inspección técnica periódica es una herramienta útil para asegurar que el parque circula en condiciones adecuadas. En el caso de las motos, la ITV es obligatoria desde hace tiempo: a los cuatro años de la primera matriculación y cada dos años a partir de entonces. Bruselas no exige a España cambiar esa norma, pero tampoco la respalda como una necesidad científica demostrada. El resultado es un escenario en el que el marco europeo ofrece flexibilidad, mientras España se mantiene en una posición más estricta.
La cuestión de fondo es que el Roadworthiness Package no elimina la posibilidad de que cada país adopte medidas adicionales si lo considera oportuno, siempre que no entren en conflicto con la legislación europea. España, por tanto, podrá seguir aplicando su calendario de inspecciones. Pero la decisión europea reabre el debate sobre si la ITV de motos en nuestro país responde a criterios técnicos o, como sostienen las asociaciones de usuarios, es un sistema que no guarda relación directa con las cifras de accidentalidad.
Las organizaciones de motoristas españolas llevan tiempo demandando una revisión profunda de las exigencias actuales. Argumentan que la mayoría de siniestros graves se explican por factores externos al estado mecánico de la moto: invasiones de carril, falta de visibilidad, firme en mal estado, ausencia de guardarraíles seguros o errores humanos. El hecho de que Europa mantenga fuera a las motos de su propuesta obligatoria les da nuevo margen para solicitar cambios.
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El paquete legislativo europeo aún tendrá que negociarse con el Parlamento, pero el mensaje técnico es nítido: no existe una evidencia concluyente que justifique un sistema obligatorio para mmotos. Mientras tanto, España seguirá con su propio modelo, ajena a la tendencia mayoritaria en Europa y pendiente de si esta nueva decisión reabre un debate que lleva años encallado.
