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El Gobierno catalán ha puesto sobre la mesa una medida que promete generar un intenso debate entre los motoristas: la eliminación progresiva de las motos de combustión en los próximos cinco años. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030, con un presupuesto de 1.400 millones de euros, y una hoja de ruta que busca transformar la movilidad en la región.
Este ambicioso plan tiene cinco ejes principales: desplegar 9.000 nuevos puntos de recarga, fomentar la demanda del vehículo eléctrico, mejorar la percepción de estos vehículos en la sociedad, fortalecer la industria y gestionar la transición de manera eficiente. El objetivo final es claro: lograr que un 40% de los vehículos en circulación sean eléctricos para 2030, frente al actual 13,8%, que aún está lejos de la media europea.
Dentro del segundo eje del plan, dedicado a incentivar la compra de vehículos eléctricos, aparece un punto que ha hecho saltar las alarmas en el sector de las dos ruedas: la limitación progresiva de la circulación de motocicletas de combustión. Según el documento oficial, se contempla la restricción gradual de las motos con etiquetas ambientales B y C de aquí al año 2030, además de la puesta en marcha de un programa para potenciar la producción, distribución y reparación de motocicletas eléctricas.
Este enfoque ha generado una respuesta contundente por parte de ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas. Aunque valoran positivamente el impulso general a la electrificación, consideran inaceptable que la medida afecte exclusivamente a las motocicletas y no a otros vehículos como coches o furgonetas.
Desde la entidad recuerdan que, a diferencia de los automóviles, las motos no cuentan con etiqueta ECO, ya que, salvo excepciones como la gama Hybrid de Kawasaki, no existen modelos híbridos o propulsados por gas debido a su reducido tamaño y peso.
Kawasaki es la única marca que ofrece motos con etiqueta ECO gracias a su gama Hybrid
Sin embargo, destacan que las motocicletas actuales con normativa Euro5+ tienen emisiones inferiores a muchos coches con etiqueta ECO, además de ofrecer ventajas evidentes en movilidad urbana, como menor ocupación de espacio y mayor eficiencia energética.
Las cifras dejan claro el alcance de esta medida: más de 1.180.000 motoristas en Cataluña se verían afectados por esta restricción, viéndose obligados a cambiar de vehículo antes de que sus motos actuales sean vetadas de la circulación en zonas de bajas emisiones. Solo en Barcelona, cada día se registran unos 450.000 desplazamientos en moto, lo que da una idea del papel fundamental que juegan estos vehículos en la movilidad cotidiana.
El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha sido tajante en su rechazo a esta propuesta: "Desde ANESDOR valoramos positivamente el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico en general, pero incluir la medida de restringir todas las motos de combustión, discriminándolas respecto a otros vehículos, es simplemente inaceptable. La moto de combustión no es el enemigo de la movilidad sostenible, sino parte de la solución junto a la moto eléctrica. El Gobierno de la Generalitat debería explicar a estos usuarios por qué quiere restringir el uso de sus motos, pero no plantea hacer lo mismo con los coches."
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Mientras el Gobierno catalán defiende que este plan permitirá un ahorro de 470.000 toneladas de CO₂ y acelerará la transición ecológica, el sector de las motos no entiende por qué se ha señalado específicamente a este tipo de vehículo. La Comisión Europea no ha incluido a las motos de combustión en sus prohibiciones para 2035 y 2050, lo que refuerza la sensación de que esta medida es una decisión unilateral del Ejecutivo catalán.
