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Los tribunales italianos han dado un paso más en el conflicto por las multas de tráfico emitidas con radares no homologados. Ya no se trata solo de anular sanciones: ahora, los municipios que insisten en defender estas multas en los juzgados empiezan a ser condenados por lo que la ley califica como “resistencia temeraria”.
El último caso afecta al municipio de Ventimiglia. Un juez de paz ha condenado al ayuntamiento tras recurrir una sanción por exceso de velocidad captada por un radar instalado en la zona de Porra que no cumplía los requisitos de homologación. El conductor sancionado impugnó la multa alegando la falta de homologación del dispositivo, un argumento respaldado desde hace tiempo por una jurisprudencia ya consolidada en Italia.
Pese a ello, el consistorio decidió mantener su defensa, sosteniendo que la autorización ministerial del radar era suficiente para validar la sanción. El juez rechazó este planteamiento, anuló la multa y fue más allá: consideró que la actuación del ayuntamiento era imprudente, al persistir en una vía judicial que ya había sido descartada de forma reiterada por los tribunales. Como consecuencia, condenó al municipio a pagar las costas, los honorarios legales y una compensación económica que ronda los 1.500 euros.
La resolución no llega de forma aislada. En los últimos meses, el Tribunal de Casación italiano ha inadmitido de manera sistemática los recursos presentados por el propio municipio de Ventimiglia en procedimientos similares, activando incluso el trámite acelerado reservado a recursos sin base jurídica. En varios casos, el ayuntamiento ha terminado retirando los recursos antes de que se dictara sentencia.
La defensa del conductor apoyó su petición en la normativa sobre resistencia temeraria y en los cambios introducidos por la reforma Cartabia, subrayando que la administración conocía de antemano el criterio judicial sobre este tipo de radares y aun así decidió litigar.
Se trata de la primera condena de este tipo vinculada directamente a multas de tráfico por radares no homologados, y marca un precedente relevante. El mensaje del tribunal es claro: continuar defendiendo sanciones que ya han sido declaradas ilegales de forma reiterada no solo conlleva la anulación de la multa, sino también responsabilidades económicas para la administración que persiste en esa estrategia.
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A partir de ahora, el foco judicial deja de estar únicamente en la validez del radar o de la sanción concreta, y pasa a centrarse en la conducta del organismo sancionador cuando decide mantener un litigio que carece de respaldo legal. Un cambio de enfoque que puede tener consecuencias directas para los ayuntamientos implicados.
