 Redacción Síguenos en WhatsApp |
La mayoría de pilotos españoles que compiten en el Mundial de Motociclismo y han optado por fijar su residencia fiscal fuera de nuestro país, acaban teniendo problemas con la Agencia Tributaria antes o después. Hace poco supimos que Aleix Espargaró está batallando legalmente con Hacienda para evitar el pago de 586.000 euros que el organismo público español le exige al piloto de Aprilia por no haber tributado en nuestro país entre 2014 y 2017, una cifra que recoge liquidaciones de IRPF supuestamente no presentadas y sus correspondientes sanciones.
Antes que Aleix, otros pilotos nacionales también han tenido que soportar el acoso y derribo de la Agencia Tributaria. Jorge Lorenzo lo sabe bien: el balear ha ganado los dos pleitos que tenía abiertos contra Hacienda por los que le reclamaban una suma total de 45 millones de euros en concepto del IRPF no abonado por el balear entre 2013 y 2016, cuando él ya tenía fijada su residencia en Lugano (Suiza).
Los agentes de la AEAT encargados del caso no lograron demostrar que Lorenzo residía por aquel entonces en España, concretamente en Barcelona, y tras una larga batalla legal y un acoso personal que el propio Jorge sufrió en los circuitos -con visitas de los inspectores a su motorhome horas antes de una carrera-, el tricampeón de MotoGP anunció hace ahora un año, en enero de 2023, su victoria final y definitiva contra la Agencia Tributaria.
Ahora es otro piloto de MotoGP, Dani Pedrosa, el que también le gana su pulso personal a Hacienda; el probador de KTM ha sido investigado en numerosas ocasiones por los técnicos de la AEAT, primero cuando se mudó a Reino Unido en el año 2008 (coincidiendo con su debut en MotoGP con Honda), y poco después cuando decidió fijar su residencia fiscal en Suiza, donde sigue viviendo a día de hoy.
El despacho de abogados AYG Asesores ha dado a conocer este martes una nueva victoria de su representado, Dani Pedrosa, contra la Agencia Tributaria; en esta ocasión, según señala el comunicado de prensa emitido por la firma legal, "el pasado jueves 16 de noviembre se notificó por la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, una sentencia estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dani Pedrosa Ramal contra una liquidación por el IRPF correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006 en los que residía en Londres".
"Aunque la Sentencia aún es recurrible en casación ante al Tribunal Supremo", prosigue el abogado de Pedrosa, David Gil, "la Agencia Tributaria tendrá que devolver al interesado 2.418.373,20 euros más los intereses correspondientes, así como abonar las costas del procedimiento judicial, a cuyo pago ha resultado condenada".
Desde el equipo legal de Dani Pedrosa insisten en que "esta sentencia es el final de un largo camino en el que la Agencia Tributaria ha visto cómo se han desestimado todos y cada uno de sus intentos por establecer la residencia de Pedrosa en España", listando los procesos que Haciendo ha ido abriendo contra el piloto catalán a lo largo de los últimos 15 años, y que incluyen las liquidaciones del IRPF de 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014, además del Impuesto sobre el Patrimonio de estos dos últimos años.
Todos estos procesos han sido anulados por el Tribunal Económico Administrativo Central en distintas resoluciones publicadas en 2019 y 2021, obligando a Hacienda a devolver las cantidades ingresadas por el piloto, que superan los 22 millones de euros, a los que habría que sumar los correspondientes intereses.
Desde AYG Asesores explican que "naturalmente Dani Pedrosa está muy satisfecho con la conclusión de estos procesos, en los cuales se ha demostrado que nunca mintió acerca de su residencia fiscal, como sostenía la Agencia Tributaria".
Leer también: Razgatlioglu se marcha de Portimao con una caída sobre la BMW y pocas vueltas
También precisan que "Pedrosa recuerda con amargura episodios muy desagradables cuando su nombre fue injustamente publicado en la lista de morosos de Hacienda en los años 2015 y 2016, por la que tuvo que soportar algunas situaciones indeseadas, o cuando agentes del servicio de vigilancia aduanera hostigaron a su entorno familiar, viéndose obligado a presentar una queja formal ante al consejo de defensa del contribuyente de la Agencia Tributaria", concluye el equipo legal del #26.
