 Por John Fernández@johnfervar |
A veces la realidad supera a la ficción, y en Lleida lo saben bien. En 2013, el consistorio local adjudicó a una empresa la instalación de varios radares en toda la localidad. Entre ellas, cámaras de semáforo rojo y otros tres radares de velocidad rotatorios, es decir, que se podían ir moviendo por nueve cajas. En 2014 entraron en funcionamiento, pero la realidad es que nunca llegaron a funcionar del todo.
Los radares empezaron a cazar indiscriminadamente a los conductores de coches y motos. En poco más de medio año, la localidad firmó más de 11.000 sanciones que supusieron cerca de 370.000 euros para las arcas públicas, con el evidente reparto a la empresa concesionaria.
Evidentemente, los vecinos del municipio de 137.000 habitantes estaban cabreados. En este contexto, además, estaban a las puertas de las elecciones municipales, y como detalla Xataka, el alcalde en ese momento, Ángel Ros, decidió elevar los límites de las multas a 65 kilómetros por hora antes de las elecciones que tendrían lugar en 2015.
Los vecinos, algo más contentos. La empresa concesionaria, no tanto. De hecho, la empresa terminó denunciando al Ayuntamiento de Lleida porque, según detallaron en la denuncia, dejaron de contabilizar cerca de 100.000 sanciones, que tampoco fueron cobradas, evidentemente. En su lugar, el consistorio defendió que el margen estaba consensuado entre ambas partes y que la empresa concesionaria incumplía otras partes del contrato.
El Comú de Lleida, que sacó a la luz esta información, asegura que la empresa pide 9 euros por cada una de las 86.521 fotos no validadas entre 55 y 64 km/h, y otras tantas por infracciones superiores a 65 km/h y por saltarse semáforos en rojo. Según el portavoz del Comú, Carlos González, la decisión de multar solo a partir de 65 fue tomada por el alcalde y considera que la demanda es una reacción a una decisión arbitraria y con fines políticos.
En su día, la empresa, por su parte, dijo que la demanda no es por dinero, sino para que un juez aclare cómo debe interpretarse el contrato. El alcalde, sin embargo, lo veía como una estrategia de la empresa para ganar más dinero, algo que según él no es raro y que no le preocupa: "Ganaremos la demanda", aseguró Ros en declaraciones recogidas por La Vanguardia, quien además señaló que las estadísticas respaldan su decisión al mostrar una reducción de víctimas y accidentes en la ciudad.
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En total, 4,5 millones de euros. Lejos queda lo que finalmente terminarán recaudando, pues la autoridad judicial ha ordenado al ayuntamiento pagar 442.000 euros en compensación. De ellos, 142.000 se pagarán en 2024, y el resto, 300.000 euros, en 2025.
