 Redacción @todocircuitoweb |
Ducati ha cambiado las reglas del juego en el Mundial de Superbikes con su Panigale V4 R. La homologación para la calle de un modelo que deriva en muchos aspectos de su Desmosedici de MotoGP es algo que ha creado malestar en el resto de fábricas que participan en el campeonato, especialmente en Kawasaki y Yamaha, contrarias a que el WSBK se convierta en una guerra por ver qué marca lanza la deportiva de calle más cara y exclusiva con el único objetivo de homologarla para este campeonato.
Esta escalada de costes parece ir en contra de un mundial cuya filosofía no deja de ser la de correr con motos derivadas de serie. Hasta ahora, el reglamento del WSBK sólo pone dos condicionantes para que cada marca homologue el modelo que crea oportuno: no superar los 40.000 euros en el mercado y fabricar un mínimo de 500 unidades durante sus dos primeros años de producción.
Durante estos últimos años, Yamaha, Kawasaki, Honda, BMW y Aprilia han puesto en pista motos que derivan de modelos de serie cuyo precio en el mercado se mueve en una horquilla que va desde los 19.000 hasta los 24.000 euros. Mientras que Yamaha y BMW han empleado su modelo de serie estándar (YZF-R1 y S1000RR), las otras fábricas han lanzado versiones especiales (ZX-10RR, Fireblade SP2 y RSV4-RF) con algunas mejoras a nivel de parte ciclo y de preparación de motor enfocadas a su homologación en el WSBK.
Ducati, por su parte, ha seguido un camino paralelo. La marca italiana siempre ha corrido el WSBK con la variante R de su mejor deportiva del momento (996, 998, 999, 1098, Panigale V2, Panigale V4...), motos lanzadas en series muy limitadas destinadas a circuito que, año tras año, han visto incrementado su precio hasta rozar el límite marcado por la organización. De hecho, la Panigale bicilíndrica en su versión R ya costaba 34.900 euros, pero por aquel entonces no se escuchaban quejas por parte del resto de fábricas.
Sin embargo, ahora que Ducati ha dejado atrás el V2 y ha apostado por una configuración V4, la fábrica de Borgo Panigale ha encontrado ese plus de potencia y empuje que no tenía con la generación anterior de la Panigale. Si a eso le sumamos toda la tecnología que incorpora la versión R, su reducido peso y los más de 220 cv que entrega recién sacada del concesionario, Ducati tiene argumentos más que de sobra para colocar su precio en los 40.000 euros que Dorna establece como límite.
La marca italiana no tiene problemas a la hora de vender 500 unidades de su exclusiva superbike de calle en un plazo de dos años. El público ducatista es, por norma, un cliente que cumple con dos factores que son vitales para una marca de prestigio como Ducati: su poder adquisitivo es alto y además son fieles a la marca. Sirva un dato de ejemplo: de las 53.004 motos que Ducati vendió en todo el mundo en 2018, 9.700 fueron del modelo Panigale, es decir, que una de cada cuatro superbikes que se vendieron a nivel mundial el año pasado era una Ducati Panigale.
Esta ventaja con la que cuenta Ducati no se puede aplicar al resto fábricas. Sí, Kawasaki, Yamaha o BMW, por ejemplo, tienen capacidad de sobra para sacar versiones más radicales de sus actuales superbikes que se acerquen a los 40.000 euros. Pero, ¿podrían vender 500 unidades en sólo dos años? Ese es el problema.
En Dorna son conscientes de esta situación, por eso desde Speedweek.com adelantan la posibilidad de que la gestora del campeonato introduzca cambios en el sistema de homologación de los nuevos modelos, reduciendo la cifra de producción de 500 unidades en dos años a sólo 50. Esta drástica reducción permitiría a todas las fábricas lanzar ediciones limitadas a 40.000 euros de sus superbikes actuales para poder emplearlas como base en el WSBK sin preocuparse por su éxito en el mercado.
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A día de hoy, una marca debe producir al menos 125 unidades antes de la primera inspección por parte los técnicos de la FIM. A final del primer año de producción se realiza otra visita a la fábrica para comprobar que se hayan fabricado un mínimo de 250 unidades, y un año después la marca vuelve a recibir a los técnicos de la federación para verificar que se ha alcanzado este mínimo de 500 unidades.
Este procedimiento -que entró en vigor en 2016- reemplazó las exigencias previas que establecían una producción mínima de 2.000 unidades al cierre del segundo año de producción.
