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 Redacción @todocircuitoweb |
Jorge Lorenzo fue ayer testigo, desde la distancia, de la noticia publicada por el diario digital El Confidencial que relacionaba su nombre con la bautizada como Red Charisma, una trama presuntamente liderada por el financiero Alejandro Pérez Calzada dedicada a la evasión de impuestos desde hace dos décadas, 20 años en los que más de 500 personas y empresas habrían aprovechado sus sociedades pantalla con sede en diversos paraísos fiscales para evitar el pago de tributos en sus países de origen, llegando incluso a mover grandes cantidades de dinero por carretera hasta hacérselo llegar a sus clientes.
De acuerdo a la información publicado por este medio, el nombre de Jorge Lorenzo aparece en la documentación del caso en relación a un ingreso de 856.966,50 euros a nombre del piloto balear en el banco Mirabaud Finanzas (Ginebra) en el año 2013, un dinero del que la Hacienda española no tenía constancia y que ha puesto el foco de atención en el tricampeón de MotoGP.
La Agencia Tributaria entiende que Lorenzo todavía estaba obligado a tributar en España en aquel año -ya se abrió entonces una investigación en el año 2013 cuando Lorenzo mostró su mansión en el Maresme barcelonés en un vídeo promocional de Monster Energy-, algo que no comparte la defensa del piloto español, que un año antes (julio de 2012) había decidido marcharse a vivir fuera de España, primero a Reino Unido, después a Andorra y en último lugar a Lugano (Suiza), donde vive y tributa actualmente.
El abogado del piloto mallorquín, Iñaki Picaza, ha asegurado en declaraciones a El Confidencial que su cliente "ni ha trabajado ni conoce a Alejandro Pérez Calzada", el presunto cabecilla de la Red Charisma, y añade que Jorge Lorenzo "ha cumplido escrupulosamente con la legislación financiera, de inversiones y tributaria" en aquellos países en los que ha residido durante esta última década, dejando claro que todas sus inversiones "ni son clandestinas ni encubiertas, y la composición y localización del patrimonio es perfectamente conocida por las autoridades".
Iñaki Picaza sabe muy bien lo que es defender los derechos fiscales de un piloto de motociclismo. En 2019, este reputado abogado también se encargó de la defensa de Sete Gibernau, el cual mantenía un enfrentamiento en los tribunales contra la Abogacía del Estado por un supuesto fraude fiscal de 774.030 euros cometido en el año 2006, cuando el expiloto catalán residía en Suiza.
Finalmente, un juzgado de la Audiencia de Barcelona le dio la razón a Sete en octubre de 2019, dejando reflejado en la sentencia que el expiloto "tenía su residencia fiscal en el cantón suizo de Friburgo […] desde la fecha 26/02/2000 hasta 15/03/2007" después de que la Abogacía del Estado no fuera capaz de demostrar que Gibernau había pasado más de 183 días al año en España durante esa etapa de su carrera deportiva.
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Esta sentencia también supuso un alivio importante para Sete, que sufre desde hace tiempo varios embargos y medidas cautelares por el IRPF reclamado durante esos años que ascienden a ocho millones de euros y que, gracias a esta resolución que confirma su residencia en Suiza entre el año 2000 y 2007, ha permitido a su defensa iniciar el procedimiento para tumbar todas estas reclamaciones tributarias.
