
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona organizaron la semana pasada un sorprendente control de potencia para motos en el punto kilométrico 0,2 de la B-23 que terminó con ocho motoristas denunciados por modificar y alterar la potencia final de sus vehículos de forma irregular.
El objetivo de este control, según reza el comunicado de prensa de los Mossos, es el de "reducir la siniestralidad de vehículos a motor de dos ruedas, teniendo en cuenta que una de cada cuatro víctimas mortales en lo que va de año han sido conductores u ocupantes de motocicleta".
Para poder llevar a cabo correctamente el control, los cuerpos de seguridad hicieron uso de un banco de potencia portátil por el que pasaron un total de 10 motocicletas a lo largo del día, de las cuales cuatro de ellas fueron denunciadas específicamente por alterar la potencia limitada recogida en la ficha de características técnicas del vehículo y 2 motocicletas y 2 ciclomotores por otras infracciones administrativas relativas la modificación de las características del vehículo y que afectan a su potencia.
Los motoristas que circulaban con motos limitadas "en papeles" fueron sancionados con 500 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir -una de las motos fue inmovilizada por los Mossos-, mientras que las otras dos motocicletas y scooters recibieron una sanción de 200 euros y la obligatoriedad de superar una ITV especial donde se comprobará la restitución del vehículo a las características de serie detalladas en suficha técnica .
En Barcelona hay 296.618 motos, lo que la convierte en la ciudad europea con mayor proporción de motos por número de habitantes.
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