 Redacción @todocircuitoweb | Google+ |
La decisión de levantar su propio circuito de Motocross le va a salir caro a Hugo Arriazu. Tal y como recoge el diario El País, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a este madrileño a cuatro años y un día de prisión por iniciar la construcción de un circuito de MX en una terreno de su propiedad que estaba clasificado como zona protegida por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la ZEPA.
Hace cinco años, en 2011, Arriazu se aventuró a mover los terrenos de su finca -ubicada en Colmenar del Arroyo- para levantar un pequeño circuito de motocross de uso personal, donde su hijo -piloto de MX profesional- pudiese entrenar a su antojo. Lo hizo sin solicitar ninguna licencia, ya que se trataba de un terreno rústico de uso agrícola y, según la defensa, el acusado no sabía que necesitaba tramitar ningún tipo permiso. Arriazu sí consultó en el Ministerio de Medio Ambiente su proyecto, donde le indicaron que podía seguir adelante con las obras siempre que no cortara ningún árbol o metiese tierra de otra finca. "Pero, tonto de mí, que me fié y no les hice firmar un papel", relata al diario El País.
Un año después de iniciar las obras, unos agentes forestales que pasaron por la zona vieron el movimiento de tierras e interpusieron una denuncia, momento en el cual Arriazu detuvo por completo el proyecto, que jamás vería la luz. Tras la denuncia y la inspección, el juzgado confirma que este madrileño ejecutó sin licencia el "movimiento de miles de metros cúbicos de tierra, la realización de desmontes y terraplenes con alteración del perfil de la ladera en la parte baja de la finca, la colocación de dos rampas móviles de estructura metálica no ancladas al suelo, además del aporte de tierras y su explanación en unos 6.000 metros cuadrados".
Hugo Arriazu es también piloto profesional de quads (Foto: Facebook)
El mayor problema al que se enfrentaba Arriazu en ese momento tenía unas siglas: ZEPA, Zona de Especial Protección de Aves de los ríos Cofio y Alberche, un plan de ordenación inciado en 2001 por la Comunidad de Madrid que, nueve años más tarde -en 2010- se convirtió en decreto, para ser anulado en 2014 por el Tribunal Superior de Justicia tras una denuncia de Ecologistas en Acción. La defensa de Arriazu trató de explicar a la Audiencia Provincial de Madrid que esta regulación de espacio protegido no estaba en vigor en el momento de la denuncia, pero el tribunal replicó asegurando que "al tiempo de los hechos" ya había entrado en vigor previamente.
Finalmente, y a pesar de que la sentencia reconoce que las obras de Arriazu no afectaron de forma grave la flora y vegetación de la zona, sí indica que pudieron repercutir negativamente en la vida de aves como el águila imperial ibérica o el buite negro al encontrarse dentro de su territorio de caza. De este modo, la sentencia condena a Arriazu a cuatro años de prisión y un día, 6 euros de multa diarios durante 24 meses (4.400 euros) y la obligación de volver a dejar el terreno en el mismo estado en el que se encontraba antes de iniciar las obras. De momento, la defensa ya ha recurrido la sentencia ante el Supremo.
